BYD y Mitsubishi son las peores marcas de autos en materia de derechos humanos en cuanto a su cadena de suministros, según un reporte de Amnistía Internacional que evaluó 13 marcas automotrices y donde, en realidad, todas salieron reprobadas.
Los autos eléctricos necesitan de minerales indispensables en sus baterías para funcionar, como cobalto, níquel, cobre y litio. Pero no todas las empresas que los fabrican son transparentes en comunicar cómo obtienen estos materiales, dijo la organización sobre derechos humanos. Muchos países tienen minas para explotar estos minerales, pero con terribles condiciones laborales o a costa del desalojo de pueblos indígenas, entre otras violaciones.
En una evaluación donde la calificación máxima era 90, Mercedes-Benz y Tesla obtuvieron 51 y 49, respectivamente, con las puntuaciones más altas. De estos números hacia abajo encontramos a Stellantis, Volkswagen, BMW, Ford, General Motors, Renault, Nissan, Geely, Hyundai, Mitsubishi y BYD.
“En general, las puntuaciones fueron una gran decepción”, dijo Agnès Callamard, secretario general de Amnistía Internacional, en un comunicado. “BYD, una de las empresas de vehículos eléctricos más grandes y de más rápido crecimiento, se ubicó en el último lugar de nuestra evaluación. Sus divulgaciones muestran una grave falta de transparencia en el respeto a los derechos humanos en sus cadenas de suministro de baterías”.
Amnistía buscó a las marcas automotrices para preguntar acerca del origen de las materias primas que necesitan para sus baterías, así como cualquier otra medida para asegurar que los materiales venían de proveedores que respetaran los derechos humanos de sus empleados. Las calificaciones de BYD (11 puntos) y Mitsubishi (13) fueron tan bajas porque estas empresas ni siquiera respondieron a las evaluaciones de la organización.
Según el reporte, las empresas con la más pobre evaluación carecen de información sobre cómo tomar en cuenta los derechos humanos en su cadena de suministros.
“Es un problema grave teniendo en cuenta la probabilidad de que puedan estar obteniendo baterías fabricadas con minerales como el cobalto o el níquel extraídos en condiciones que podrían perjudicar los derechos humanos de las personas”, dijo Callamard.
La organización ha documentado que esta situación se vive en minas de República del Congo y Filipinas, con afectaciones que van desde la contaminación hasta el daño de propiedades, todo con el fin de extraer minerales cada vez más demandados por las industrias tecnológica y automotriz.