Cuando una compañía cae en las temibles garras de la quiebra a veces se toman decisiones extrañas, pero hasta cierto punto se entiende, pues ya no se tienen los mismos recurso financieros de antes. Pero de entender dichas decisiones, a que sea legal su ejecución, esa es otra cosa. El gran ejemplo de lo anterior lo acaba de dar Fisker, un fabricante de vehículos eléctricos que desafortunadamente está en bancarrota y que presentó una polémica propuesta para obligar a los propietarios de autos de su marca a asumir los costos de mano de obra de varias reparaciones relacionadas con llamados a revisión.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en nombre de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), declaró que tal medida es ilegal según la ley federal.
A mediados de septiembre, Fisker anunció que los propietarios tendrían que pagar los costos relacionados con dos llamados a revisión en curso del modelo Ocean; la relacionada con manijas de puertas defectuosas y la segunda por una bomba de agua defectuosa que puede provocar pérdida de potencia. La compañía revirtió brevemente esta decisión, pero luego confirmó que los propietarios finalmente sí tendrían que pagar.
Pero según la NHTSA, esto está prohibido por la Ley Nacional de Seguridad del Tráfico y de los Vehículos Motorizados, que todos los fabricantes de automóviles deben cumplir. De acuerdo con esta ley, los fabricantes deben solucionar todos los defectos o áreas de incumplimiento de los vehículos sin cargo para el cliente.El plan de liquidación de Fisker pretende establecer un fondo para pagar las piezas relacionadas con los retiros, pero sólo si dichos retiros no cuestan más de 750,000 dólares en piezas.
También establece específicamente que los propietarios de vehículos deben cubrir los gastos de mano de obra y que sólo podrán recibir un reembolso en una fecha posterior a través de la Asociación de Propietarios de Fisker, que podría recibir fondos en futuros litigios contra los proveedores de piezas de Fisker. Sin embargo, no existen garantías de que se recuperen estos fondos y se reembolse a los propietarios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó su objeción al plan del fabricante de autos eléctricos en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Delaware, afirmando que “la Ley de Seguridad es clara en cuanto a que todos los costos asociados con la reparación de vehículos defectuosos o que no cumplen con las normas deben ser cubiertos por el fabricante; la Ley no hace distinción entre piezas y mano de obra”. La NHTSA añadió que “puede tener un reclamo prioritario contra el patrimonio” de Fisker si no cumple con la Ley de Seguridad.
“Estados Unidos solicita que el DS y el Plan Enmendados sean revisados para que cumplan con la Ley de Seguridad, o de lo contrario sean rechazados; que la orden de confirmación del Plan incluya un lenguaje que preserve los intereses federales de los Estados Unidos; y cualquier otro alivio que el Tribunal considere necesario y justo”, agrega el expediente judicial. Hasta el momento, Fisker aún no ha respondido a la objeción.